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El presidente Gustavo Petro reaccionó al acercamiento entre César Gaviria y Álvaro Uribe, al que calificó como la unión de dos proyectos políticos que, según dijo, representaron la violencia y la privatización del Estado.

Foto: El presidente Petro insistió en que el país enfrenta una disyuntiva: entre mantener un modelo que, a su juicio, concentró la riqueza y alimentó la violencia, o avanzar hacia un Estado que proteja lo público como bien común. / Presidencia de la República.

 

El presidente Gustavo Petro criticó el encuentro entre los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez, quienes sostuvieron una reunión privada con miras a articular una coalición política hacia las elecciones de 2026

. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario enmarcó el acercamiento como un hecho simbólico que —según su lectura— revive dos etapas de la historia reciente marcadas por la violencia, la concentración del poder económico y la privatización de los derechos ciudadanos.

“En esta foto abajo hay dos expresidentes: el uno negoció con Pablo Escobar, su ex copartidario, y terminó el capo escapando; generó el decreto que originaba las convivir, que Pablo Escobar pedía, y que fue puesto en práctica por el otro, originando el paramilitarismo que mató a Escobar, pero generó un narcotráfico rural más poderoso

. El genocidio ocurrió en el país de manos de Escobar y del paramilitarismo. Se trataba de un genocidio agenciado desde el poder estatal”, escribió Petro en su publicación.

El jefe de Estado agregó que ambas corrientes “implantaron el neoliberalismo que privatizó el Estado y lo entregó a la misma mafia”, y 

sostuvo que su propio gobierno representa “el esfuerzo por garantizar los derechos universales y fundamentales consagrados en la Constitución de 1991”, camino que, en sus palabras, debe conducir a la paz y a la democracia.

El legado de César Gaviria: apertura accidentada y seguridad privatizada

Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), Colombia vivió un proceso de transformación de la institucionalidad que coincidió con la promulgación de la Constitución de 1991 y con la implementación de políticas de apertura económica. A la par de esas reformas, se adoptaron decisiones que marcaron la historia de la seguridad y del conflicto armado.

Entre ellas, la negociación con Pablo Escobar —que derivó en su reclusión en La Catedral y posterior fuga— fue documentada por la Comisión de la Verdad como un fracaso del Estado, que debilitó la confianza en la institucionalidad. En esa misma línea, el Decreto 356 de 1994 dio origen a las cooperativas de vigilancia rural conocidas como Convivir, promovidas como mecanismos "comunitarios" de seguridad, pero que —según la Comisión— fueron instrumentalizadas por grupos paramilitares en distintos territorios.

Gaviria, además, impulsó la apertura económica y la privatización de varias empresas públicas, lo cual, para expertos y académicos, resultó en el fracaso de la agricultura y el sector manufacturero, impactando negativamente la generación de empleo y promoviendo la concentración de la inversión en sectores como el extractivo, paralizando el desarrollo de Colombia.

Para el presidente Petro, ese modelo “convirtió los derechos universales en negocios para unos pocos”, expresión que ha reiterado al explicar su rechazo al neoliberalismo como proyecto político.

 

Álvaro Uribe: expansión paramilitar

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, fue uno de los principales promotores de las Convivir. Durante su administración, se expidieron más de 60 licencias en ese departamento, amparadas por el decreto de 1994.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad, publicado en 2022, documentó cómo varias de estas cooperativas sirvieron de fachada para el fortalecimiento de redes paramilitares y para el control territorial de comunidades campesinas. Si bien la figura de las Convivir fue legal en su origen, el informe concluye que “la ausencia de controles efectivos derivó en graves violaciones de derechos humanos en amplias regiones del país”.

De acuerdo con estudios académicos y expedientes judiciales citados por la Comisión, la expansión de las Convivir y su instrumentalización contribuyeron a la consolidación del paramilitarismo en el noroccidente colombiano.

Uribe, según testimonios de paramilitares, fue un promotor de estas estructuras criminales que ejecutaron masacres y cobraron la vida de decenas de miles de colombianos y colombianas, con un modelo basado en el desplazamiento y el asesinato para entregar tierras productivas a grandes hacendados. Durante su Gobierno, el presidente Petro, en su papel como Senador, denunció la parapolítica y reveló cómo la tercera parte del congreso estaba cooptada por políticos aliados con los paramilitares. Más adelante, también se conoció que el DAS, principal organismo de inteligencia del Estado, fue dirigido por miembros de dichas estructuras, llegando incluso a ordenar investigaciones contra opositores de Uribe y entregar listados a los paramilitares para perseguirlos.

Como advirtió el presidente Petro, ese proceso “no fue espontáneo, sino inducido desde el poder político”.

 

Dos proyectos y un mismo país en disputa

Para el presidente Petro, la eventual alianza entre Gaviria y Uribe simboliza la convergencia de dos visiones que gobernaron Colombia durante décadas: la de la apertura económica que quebró al país y la de la seguridad cooptada por el crimen organizado. Ambas, según su lectura, “privatizaron el Estado y convirtieron derechos en mercancías”.

“Mi gobierno trata de garantizar los derechos universales y fundamentales que creó la Constitución de 1991. Creo que ese es el camino de la paz y la democracia. Por eso estas dos fuerzas son hoy mi oposición”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado insistió en que el país enfrenta una disyuntiva: entre mantener un modelo que, a su juicio, concentró la riqueza y alimentó la violencia, o avanzar hacia un Estado que proteja lo público como bien común. “Su democracia no es la de la gente, sino la del terror y el miedo”, agregó en su mensaje.

 

Un encuentro que busca detener el avance progresista

El encuentro entre los expresidentes ocurre en medio del reacomodo de fuerzas de cara a las elecciones de 2026. Entre la derecha y la ultraderecha se exploran coaliciones amplias que buscan contrarrestar la influencia del proyecto progresista el Presidente Gustavo Petro. Esto, después de la histórica votación del Pacto Histórico en su consulta interna, lo que demostró la consolidación de un proyecto popular como nunca se había visto en Colombia.

Una eventual coalición Gaviria-Uribe podría reconfigurar el mapa electoral, pero también reabrir el debate sobre la responsabilidad histórica de estas corrientes políticas en la consolidación del paramilitarismo, la desigualdad, la privatización de servicios públicos y el declive de la economía nacional entregada a la economía extractiva, algo que el Gobierno Petro ha logrado desafiar demostrando un crecimiento sostenido en el país y beneficiando a la economía popular y el bolsillo de la ciudadanía por encima de los grandes capitales que, por supuesto, también han obtenido importantes réditos.

Desde el Gobierno, la lectura es clara: la fotografía es un recordatorio del pasado que aún intenta determinar el presente. el presidente Petro la interpreta como la expresión de una estructura de poder que, pese al paso de los años, se resiste a ceder el control del Estado al pueblo colombiano.

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